Cumbre amazónica: ocho países buscan un acuerdo para proteger la Amazonía

Los líderes de los países que forman parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, se reunirán en la Cumbre Amazónica, que se celebra los días 8 y 9 de agosto de 2023 en Belém (PA).

El objetivo de la cumbre es elaborar un documento de consenso sobre el futuro de la selva para evitar que alcance su punto de inflexión, en el que dejaría de considerarse selva tropical. El documento será entregado por las autoridades brasileñas a los 193 Estados miembros en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2023, y a los líderes mundiales en la COP 28 en diciembre de 2023 – y si es necesario, en otros foros internacionales. 

Un encuentro participativo

Esto no es todo lo que ocurrirá en Belém a principios de agosto. Movimientos, redes, colectivos, activistas, instituciones y organizaciones de las comunidades tradicionales de la región amazónica y de toda América del Sur, así como artistas, líderes religiosos, ambientalistas, comunicadores, académicos, mujeres, los de las comunidades amazónicas, y muchos más, se reunirán para la Asamblea de los Pueblos de la Tierra por la Amazonía.

Estas personas de diversas comunidades y orígenes se están reuniendo y movilizando, con un mensaje claro para los líderes de la OTCA: que deben salvar la Amazonia de la actividad humana destructiva y de un mayor cambio climático, que las violaciones sistémicas contra las personas que habitan la selva tienen que frenar, y que deben apoyar a estas personas con el derecho a vivir con dignidad, y en armonía con la naturaleza.

La convocatoria realizada a los asistentes es el resultado de varios meses de trabajo entre el Foro Social Panamazónico (FOSPA), la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), la Asamblea Mundial por la Amazonía (AMA), diversas organizaciones indígenas de la cuenca amazónica así como instituciones de la sociedad civil. Las propuestas de estos grupos se han entregado a los jefes de Estado de los países de la OTCA con sugerencias sobre cómo proteger la Amazonia de una mayor destrucción. 

En estos documentos se incluyen estrategias que implican la protección de la Amazonia frente a la deforestación, lo que cuenta con el acuerdo unánime de todos los líderes de la región.

La deforestación cero de la Amazonia es esencial pero no suficiente

Acabar con la deforestación requiere hacer frente a la crisis climática, y para ello debemos abandonar el uso de combustibles fósiles en todo el mundo, que son responsables de cerca del 86% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Sin embargo, los gobiernos de todo el mundo planean producir más del doble de combustibles fósiles para 2030 en comparación con lo que se necesita para evitar un cambio de temperatura de 1,5 °C o 2 °C, contradiciendo sus compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Estas inversiones en combustibles fósiles, como el petróleo y el gas, también contradicen las recomendaciones para reducir los gases de efecto invernadero realizadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Las actividades extractivas de la industria del petróleo y del gas también conllevan gravísimas violaciones de los derechos humanos, especialmente en América Latina, donde se han producido accidentes con devastadores impactos socioambientales y humanos. Está bien documentado que en la Amazonia han fracasado muchos proyectos que prometían generar puestos de trabajo, ingresos y desarrollo y que, en cambio, sólo han reportado beneficios económicos a los ricos y degradación medioambiental a todos.

La selva amazónica está amenazada por los intereses de un puñado de partes interesadas

Solo entre 2012 y 2020, la región amazónica experimentó un aumento del 13% en el número de campos petrolíferos. En algunos casos, un gran porcentaje de la porción de la Amazonia de cada país está cubierta por campos petrolíferos, siendo Ecuador el país con mayor área amazónica superpuesta (51,5%), seguido de Perú (30,9%), Bolivia (28,8%), Colombia (27,3%), y Venezuela (2,7%) y Brasil (1,4%).

En territorio brasileño, el proyecto más reciente a favor de la exploración de petróleo en la Amazonia consistió en una solicitud de perforación realizada por la empresa estatal Petrobras, para excavar un pozo en el bloque marítimo FZA-M-59, en la desembocadura del río Amazonas en la costa del estado de Amapá. La licencia para este pozo fue denegada por la agencia medioambiental brasileña (IBAMA) por razones estrictamente técnicas, pero ha habido una intensa presión política sobre la agencia para que apruebe la actividad. 

Más hacia el interior, las comunidades indígenas amazónicas no fueron consultadas en el proceso de concesión de licencias para un centro de producción de gas de Eneva. Brasil adhiere a el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados, de forma libre e informada, antes de que se adopten decisiones que puedan afectar a sus bienes, derechos, territorios y estilo de vida. A pesar de ello, la licencia fue concedida por el Instituto de Protección Ambiental del Amazonas (IPAAM), una agencia ambiental amazónica.

 

La Amazonia no necesita ni petróleo ni gas

Dejar de producir combustibles fósiles como el petróleo y el gas en la Amazonia no pondrá en peligro la vida de las poblaciones de los países de la región, especialmente las de las comunidades locales directamente afectadas por las actividades de estas empresas. Ocurrirá todo lo contrario.

En mayo, el Banco Mundial publicó un informe sobre el desarrollo de la Amazonia brasileña, según el cual la tala de la selva puede costar al país al menos 317.000 millones de dólares, un valor siete veces superior a los beneficios de las materias primas extraídas de la selva, que, como ya se ha dicho, dejan como resultado la destrucción del medio ambiente y una pobreza generalizada.

Otro estudio, elaborado por el WRI Brasil en colaboración con 76 especialistas de instituciones científicas de todo el país, refuerza que el mantenimiento de la selva es una oportunidad de crecimiento cualificado e integrador para la región amazónica. La “Nueva Economía de la Amazonia”, basada en prácticas de bioeconomía, añadiría 40.000 millones de dólares al año al PIB de la región amazónica, a partir de 2050, crearía más de 800.000 puestos de trabajo en el sector de la bioeconomía, llevaría a la deforestación cero y a la restauración de 24 millones de hectáreas de bosque. Por no hablar de que el bosque generaría un 94% menos de emisiones y retendría un 19% más de carbono.

 

¿Qué se pide en la Cumbre Amazónica?

Las entidades de la sociedad civil, los movimientos sociales y los pueblos tradicionales, alineados con la ciencia, están pidiendo: 

• Que los gobiernos panamazónicos dejen de subsidiar la producción de combustibles fósiles como el petróleo y el gas, o de ofrecer nuevas licencias para la exploración de petróleo en la región, reorientando los subsidios a la promoción de la bioeconomía.
• Se garantice la participación y la toma de decisiones de los pueblos indígenas y otros pueblos tradicionales y comunidades locales. Estas comunidades deben ser consultadas y se les deben ofrecer procesos para dar su consentimiento y participar en la toma de decisiones junto a los gobiernos de los países, para estos y cualquier otro asunto que pueda afectar a sus territorios.
• Los Estados inicien la transición hacia un nuevo modelo energético, que al mismo tiempo proteja la biodiversidad de la Amazonía, como parte de los compromisos del Acuerdo de París, considerando las particularidades de cada región y evitando nuevos impactos territoriales negativos.
• La Amazonía se convierta en una zona de no proliferación de exploración de petróleo y gas, no permitiendo la operación de nuevos sitios de exploración.

El Sur Global no tiene por qué seguir la inacción de los países que más han contaminado. Los gobiernos panamazónicos pueden liderar las medidas de mitigación y adaptación climática para limitar el calentamiento global a 1,5C, según el Acuerdo de París, ser protagonistas en la ejecución de una transición energética justa en sus países, y convertirse en ejemplos que el resto del mundo quiera seguir.