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Mujeres indígenas en Costa Rica proponen un sistema para proteger los bosques

POR MICHELLE SOTO MÉNDEZ Mujeres indígenas en Costa Rica propusieron un sistema para proteger los bosques basado en su cultura […]

POR MICHELLE SOTO MÉNDEZ

Mujeres indígenas en Costa Rica propusieron un sistema para proteger los bosques basado en su cultura mediante financiamiento del estado.  Además de proteger la naturaleza, buscan combatir la inequidad de oportunidades de las que han sido víctimas históricamente. Estudios locales demuestran que frente a más presencia de mujeres, aumenta la protección a la biodiversidad y se garantiza la seguridad alimentaria.

En el extremo sureste de Costa Rica se levanta una cordillera aún revestida de verde, cuyas costuras están tejidas por el agua. Talamanca es el hogar de los bribris y los cabécares, dos de los ocho pueblos indígenas de esta nación centroamericana.

Según la mitología talamaqueña, Sibú – el dios creador – delegó el cuidado de su sobrina la niña-tierra (conocida como Irìria en el idioma bibri) a las mujeres talamanqueñas. A ellas no sólo les encargó proteger el bosque, sino también transmitir ese conocimiento ancestral de generación en generación.

“Nuestras abuelas nos repetían que, si no la cuidábamos, Irìria se iba a enfermar. Eso es lo que está pasando fuera de nuestros territorios”, comenta Edith Villanueva Reyes, una de las líderes de la Asociación Comisión de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA).

Y agrega: “El planeta está contaminado y el cambio climático ya nos está afectando. Las mujeres lo vivimos día con día, porque somos las que estamos en la casa y también vamos al campo a sembrar. Lo vemos, por ejemplo, en cómo los pejibayes ya no se cosechan como antes”.

Inequidades de género

La inequidad es otro de los males que aqueja a la niña-tierra y obstaculiza la labor de cuidado realizada por las mujeres talamanqueñas. Históricamente, los incentivos que reconocen económicamente la protección del bosque han terminado en manos de los hombres. Muy pocas mujeres tienen títulos de propiedad.

“Es un poco triste ver que los varones tienen más oportunidades para acceder a créditos y trabajos. Dentro de los territorios indígenas, existe la lucha de nosotras mismas por empoderar a las mujeres y darnos nuestro lugar. Eso sí, es menos difícil conversar con los varones en nuestros territorios porque, precisamente, son indígenas”, explica Villanueva. “En nuestra cultura, el hombre y la mujer tienen roles de trabajo. No se pelea por el poder. Cada quien sabe lo que Sibú le delegó hacer. Por eso, las mujeres también tenemos derecho de acceso a las oportunidades que han tenido los hombres”, completa. 

Cuando el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) —institución estatal a cargo del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)— convocó a las mujeres indígenas a participar en los talleres de consulta de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones derivadas de Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+), ellas no dejaron pasar la oportunidad.

“A las mujeres nos gusta dialogar, no vamos a esos espacios a pelear. Eso es lo que hemos hecho y eso nos ha permitido ganar aliados. Hemos podido presentar nuestras propuestas al gobierno sobre cómo queremos trabajar el PSA”, dice Villanueva. “La tierra es mujer y está en manos de las mujeres. Es un poco irónico que los pagos se le den a los varones si nosotras, las mujeres, somos las encargadas de cuidarla.”

Incentivo para la conservación

La idea del PSA se desprende de la Ley Forestal 7575, promulgada en 1996, que prohibió el cambio de uso del suelo en Costa Rica. Se concibe como un reconocimiento financiero que brinda el Estado a los propietarios de bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que estos proveen: mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), protección de fuentes de agua, belleza escénica y resguardo de la biodiversidad.

A través de FONAFIFO, se paga un incentivo por conservar el bosque. Con ello, se busca reducir la tasa de deforestación y evitar la tala ilegal, así como promover la recuperación de la cobertura forestal en tierras degradadas. A su vez, se pretende contribuir al desarrollo rural, sumar en las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza y cumplir con las metas climáticas. De hecho, el PSA es uno de los principales componentes de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Costa Rica.

Desde su entrada en funcionamiento en 1997, el PSA ha beneficiado a más de 18.000 familias, priorizando a pequeños productores, mujeres rurales y territorios indígenas. En total, ha movilizado más de US$524 millones en contratos orientados a la conservación de más de 1,3 millones de hectáreas.

“El PSA es una fuente de ingresos para pequeños propietarios de bosque y pequeños productores forestales que, a través de este programa, perciben recursos para subsistir. En un año tan doloroso para el país debido a la pandemia Covid-19, el PSA ha sido un motor para la economía rural y es clave para la recuperación económica sostenible de Costa Rica”, declara Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía.

Territorios indígenas, prioridad

Desde la creación del programa, uno de los grandes beneficiarios han sido los territorios indígenas. Según el FONAFIFO, entre 2010 y 2019, se firmaron 159 contratos con estos por un total de US$43 millones. En Costa Rica, la población indígena asciende a 104.143 personas (2,4% del total). El país cuenta con 24 territorios legalmente constituidos y amparados por la Ley 6172 de 1977, que reconoce su organización comunal y territorial.

En respeto a esta gobernanza, los contratos de PSA se firman con las Asociaciones de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena (ADIRI). Y, a lo interno, estas organizaciones deciden cómo reparten los beneficios económicos derivados del programa. A partir de 2008, el FONAFIFO empezó a trabajar en el diseño participativo de la estrategia REDD+ y convocó a líderes indígenas, incluidas las mujeres. 

Aparte de participar activamente en este proceso, las mujeres indígenas de Costa Rica fueron un paso más allá: abogaron por incluir líneas de acción en materia de género  y permear a las otras para que fueran más inclusivas. Lo único que pidieron a cambio fue una oportunidad para demostrar de lo que son capaces. “Si nos apoyan, nosotras podemos hacer muchas cosas por otras mujeres”, dice Villanueva. “Hay acciones directas de las mujeres en los territorios indígenas. Podemos demostrar experiencia en administración de fondos. Las mujeres, si nos dan crédito, no tenemos tasa de morosidad.”

Cerrar brechas de género

El trabajo en género tomó un impulso a partir de 2016 cuando, a nivel internacional, se dieron lineamientos más claros en la temática, explica María Elena Herrera, profesional técnico del FONAFIFO. 

Como punto de partida, se hizo un análisis de brechas. “¿Qué vimos? Pues que las mujeres son importantes agentes de conservación en este país: donde hay una mayor presencia de mujeres propietarias de la tierra a nivel cantonal, hay más bosque. El análisis también nos reveló que, en las zonas de amortiguamiento de las áreas silvestres protegidas, hay mucha presencia de mujeres”, comenta la funcionaria.

En cuanto a las mujeres indígenas, puntualiza: “Sus áreas productivas están generando un impacto importante en la reducción de emisiones”. En estos espacios, el bosque convive con cultivos que garantizan la seguridad alimentaria de la familia y les brindan una opción de ingreso económico al comercializar los productos. Se tienen, además, plantas medicinales y se protegen las fuentes de agua.

A partir de los datos de los proyectos Ecomercado I y II, ejecutados por el FONAFIFO, se observó también una tendencia creciente en cuanto a número de contratos de PSA a nombre de mujeres. En el período 2010-2019, se contabilizaron 1387. En otras palabras, el 14% del total están en manos femeninas. 

Propiedad de las tierras

Lo otro que notaron es que solo el 15% de las tierras registradas pertenece a mujeres. Pero, la realidad no es tan clara, advierte Herrera. “A veces nos dábamos cuenta que, con tal de ganar más puntos en la matriz de evaluación (mecanismo que impulsamos con tal de que ingresaran más mujeres al programa), se hacía el traspaso de la tierra, pero cuando llegaba la plata a la cuenta, pues estaba el señor detrás de la señora para quitarle el dinero en el cajero automático”, explica. “Entonces, nos dimos cuenta que establecer requisitos, como que la propiedad esté a nombre de la mujer, no necesariamente funcionan porque no estamos garantizando que el dinero llegue a ella y así pueda distribuir los beneficios con la familia.”

Para las mujeres indígenas de Costa Rica, el tema de la propiedad no es problema: la tierra —en el caso de las bribris y cabécares— le pertenece a ellas. “Por línea intergeneracional, hay un resguardo y una garantía de que a la mujer no la van a echar de su propiedad”, puntualiza Herrera. Sin embargo, aunque ellas poseen la tierra, viven en los cantones con mayor índice de pobreza. Y no tienen acceso a créditos o trabajos remunerados. 

Explica Villanueva: “Como mujeres indígenas, no tenemos acceso a préstamos o apoyos económicos para gestionar alguna empresa. En el sistema, no aparezco devengando un salario y ya ahí me limita. Aunque yo tenga una finca, porque tengo un derecho de posesión como mujer indígena, no tengo una escritura, entonces no puedo dar eso como garantía a la hora de responder por un crédito”.

Proyectos de las mujeres indígenas de Costa Rica

Si bien las mujeres indígenas en Costa Rica se benefician de las acciones generales, ellas propusieron un proyecto piloto para demostrar que sus fincas ancestrales pueden ser un modelo que contribuya a la reducción de emisiones de GEI.

El objetivo es identificar los servicios ambientales que pueden ofrecer estos espacios productivos, con el fin de que la información sirva para construir un PSA Mujer. Para ello, la idea es iniciar con la recolección de datos científicos en 50 fincas: 25 gestionadas por bribris y 25 por cabécares. Además, el piloto servirá para identificar otras cuestiones relativas a gobernanza, temas legales y administrativos. 

“Con ellas, no hay problema con respecto a quien es el dueño de la tierra, pero sí un trabajo por hacer a nivel de comunidad, porque las tierras están en un único plano catrastado y es la asociación quien las administra. Ahí hay un trabajo a lo interno para que ellas puedan recibir un pago a través del gobierno indígena local o ver si existe la posibilidad de que el FONAFIFO les pague directamente al amparo de un permiso legal. Esas son cosas que hay que analizar”, manifiesta Herrera.

Si bien el proyecto piloto ya está diseñado, y visualiza que sean las mismas mujeres quienes recolecten los datos con el fin de empoderarlas y fortalecer sus capacidades técnicas, aún se busca el financiamiento.

Otra de las metas del plan de acción es que se contrate a más mujeres indígenas de Costa Rica como guardarecursos. Dice Herrera: “Ellas quieren que se les involucre, porque, hasta el momento, ha sido más la contratación de hombres que de mujeres. De esta forma, se les da la oportunidad de tener un trabajo a la vez que se capacitan en el uso de tecnología y conocimiento para monitoreo de los bosques”.

También quieren compartir su conocimiento con otras personas tanto dentro como fuera de los territorios indígenas. Su meta es diseñar un programa de capacitación que involucre a las personas, desde jóvenes hasta adultos, y sirva para impulsar un diálogo cultural sobre la cosmovisión del bosque. 

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina. Si deseas conocer la historia completa, puedes hacer click aquí.