La violencia que emerge de la minería en América Latina

Este vídeo le informa sobre la violencia en América Latina a causa de la minería y los conflictos con las comunidades y el ambiente.

La minería en América Latina se debate entre la riqueza y el conflicto social. En esta región, los proyectos mineros ciertamente contribuyen a la economía de los países. Sin embargo, las comunidades en las zonas de impacto reclaman que dichos proyectos no representan desarrollo económico. Por el contrario, afirman, la minería los afecta enormemente con contaminación ambiental, entre otros impactos. Los territorios se ven convertidos en lo que se denomina “zonas de sacrificio“.

En América Latina se registran más de 470 proyectos mineros y hay, al menos, 284 conflictos registrados que involucran a 301 de ellos. Esto es según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). Entre las causas están conflictos por el agua, criminalización de la protesta y disputas por el territorio.

A esto se suma que las políticas públicas para la minería en América Latina no suelen estar alineadas con la sostenibilidad que necesita la región. A menudo, aspectos socioambientales relacionados con los proyectos mineros no se contemplan. Por ende, los proyectos generan un impacto negativo en las comunidades y el territorio.

América Latina: una riqueza minera creciente

Las inversiones para la explotación minera tienen una tendencia creciente en América Latina. En efecto, en países con esta tradición como Brasil, Perú y Chile las inversiones muestran crecimiento. Este también es el caso para proyectos en Colombia y Argentina.

El sector minero de América Latina, ciertamente, destaca en el mundo. Según datos de la CEPAL, en la región se encuentra el 61 por ciento de las reservas de litio. Perú está entre los principales productores de plata, oro, cobre y plomo. Además, Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85 por ciento de las exportaciones de minerales y metales de la región.

Consecuentemente, la explotación de minerales en América Latina es uno de los sectores que más inversión extranjera atrae a la región. La mayor inversión en proyectos mineros proviene de compañías de Canadá. No obstante, los últimos años han visto incursiones de capitales chinos y británicos en esta industria.

América Latina: Donde hay minería hay violencia

Desafortunadamente, como se ha señalado, la minería en América Latina genera conflictos con las comunidades y el ambiente. En 2013, se presentó un informe sobre la industria minera en Colombia, Guatemala, Panamá y Perú donde muchas de estas coyunturas quedaron en evidencia.

Por ejemplo, en estos cuatro países, se asociaron los proyectos mineros con la pérdida de la calidad de vida y salud de las comunidades. El desplazamiento forzado, la deforestación y el surgimiento de grupos armados también quedaron registrados como coyunturas relacionadas con la minería en América Latina.

Incluso, una de las formas en que la violencia producto de la minería en estos cuatro países se materializa es a través de compras ilegales de terrenos. A esto se añade la pérdida de la soberanía alimentaria y las formas tradicionales de subsistencia de las comunidades de impacto.

Tita María en Perú y sus víctimas

Perú es considerado el segundo país latinoamericano en producción de cobre. En 2019, el Gobierno le otorgó permisos a la empresa Southern Copper para comenzar a construir el proyecto minero Tita María. El proyecto se ubica en Arequipa, al sur del Perú, en lo que es una zona tradicionalmente agrícola.

En varias ocasiones, la comunidad de Arequipa se ha levantado con protestas contra este proyecto minero. Los agricultores rechazaron la mina tras conocer que el proyecto usaría el agua del río Tambo para su funcionamiento. Esto es, en parte, porque las aguas de este río son las mismas que se usan para los cultivos. Incluso, Naciones Unidas (UN) realizó cerca de 130 observaciones sobre este caso, recomendando la reevaluación de la propuesta.

Pero la violencia, resultado de estas coyunturas, no cesa. Por ejemplo, entre 2011 y 2015, las manifestaciones ciudadanas contra el proyecto fueron reprimidas por la Policía Nacional. Lo que es peor, se tiene registro de al menos siete personas muertas por disparos durante estas jornadas. Según reportes de prensa, nadie ha sido sancionado ni encontrado culpable por estas muertes violentas.

Agricultura o minería: Perú en el debate

Southern Copper ha expresado que no iniciará la construcción de Tita María hasta tener el licenciamiento social, pero la comunidad continúa resistiéndose al proyecto. Aun así, la empresa prevé invertir más de USD $10 mil millones para elevar su producción a 1.81 millones de toneladas en 2026.

En 2014, el gobierno de Perú aprobó un estudio para usar agua desalinizada en Tita María y no el agua dulce del río Tambo. Sin embargo, la comunidad de Arequipa negó la licencia social a la propuesta que era uno de los requisitos para continuar con la mina. Hoy, el proyecto todavía está dentro de los planes que tiene Perú de convertirse en uno de los tres principales productores de cobre en el mundo.

Es así como la comunidad agrícola vecina se mantiene alerta sobre los impactos de la actividad minera. Se resisten a la contaminación, competencia por el uso de agua y suelo y la destrucción de zonas protegidas.

Criminalización a la defensa del territorio 

En Colombia, México, Perú y Ecuador, se criminaliza a los líderes ambientales que se oponen a los proyectos mineros. Mongabay Latam construyó una base de datos con la información de ministerios públicos, fiscalías y defensorías del pueblo. En el informe, se determinó que al menos 156 defensores ambientales han sido criminalizados. Entre ellos, 58 están relacionados con el sector de la minería.

De esta manera, los asesinatos, abusos y desalojos forzados forman parte de la otra cara de la minería en América Latina. De los 284 conflictos por minería en la región, 58 corresponden a México, 49 a Chile y 46 a Perú. El listado es seguido por Argentina, Brasil y Colombia, con 28, 26 y 19 conflictos respectivamente. Esto es con datos a junio de 2022.

Las detenciones, los arrestos y las acciones legales son amenazas serias para los líderes sociales y ambientales que se oponen a proyectos mineros en América Latina. La criminalización se refiere, justamente, a los procesos judiciales que se inician contra las personas que defienden los recursos naturales.

Oponentes a la minería en América Latina: ¿Criminales?

Los líderes sociales y ambientales que se oponen a la minería en América Latina son judicializados reiteradamente. Los delitos más frecuentes por los que se les acusa son obstrucción de vías públicas, disturbios, daño agravado o sabotaje.

De los 58 casos registrados por Mongabay de líderes criminalizados debido a su resistencia a la minería, 44 casos están en Perú. Once defensores están acusados de extorsión, disturbios y violencia contra la autoridad. ¿Su crimen? Protestar en contra del proyecto Conga de la Minera Yanacocha S.A. en 2012.

En el informe también se mencionan otros cinco activistas que enfrentan cargos por entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Éstos fueron acusados luego de manifestarse contra la minera canadiense Bear Creek Mining Corporation en el proyecto Santa Ana.

Organismos de defensa de derechos humanos afirman que no logran acceder a información sobre criminalización de líderes ambientales. Esta modalidad de bloqueo es otra forma de violencia asociada a los conflictos mineros en América Latina.

En Ecuador también se han presentado casos de conflictos mineros en la Amazonía. Comunidades indígenas, afrodescendientes y otros defensores ambientales en zonas remotas son atacados frecuentemente. Entre otros, la judicialización y los desalojos son figuras utilizadas en estos casos para solucionar las coyunturas con las comunidades. Por ejemplo, 14 indígenas Shuar enfrentan procesos penales por defender la tierra y el agua de las operaciones de dos empresas mineras. Se tiene registro de Ecuacorriente S.A (ECSA) y Explorcobres S.A, ambas pertenecientes al consorcio chino CRCC-Tongguan.

La concertación: punto de partida para la minería en América Latina 

América Latina requiere, urgentemente, desarrollar políticas gubernamentales que partan desde una mirada integral del impacto socioambiental de la minería. Consecuentemente, estas políticas deben estar integradas a los respectivos Planes Nacionales de Desarrollo, promoviendo diálogos entre comunidades, empresas y gobiernos. Adicionalmente, se hace esencial el respeto a las consultas populares en la región. Según los datos de OCMAL, hay 39 consultas populares en la región concentradas en seis países: Perú, México, Guatemala, Ecuador, Colombia y Argentina. El reto es que gobiernos y empresas respeten la voz de las poblaciones, sin acudir a maniobras legales para bloquearlas.

 

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