El Senado argentino dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares

El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares en Argentina logró media sanción parlamentaria. La Cámara de Senadores del Congreso argentino aprobó, con 40 votos a favor y 31 en contra, una controversial reforma que modifica puntos clave de una de las normativas ambientales más importantes del país y pionera en el mundo.

El avance del proyecto en el Congreso y el objetivo minero

Ahora, el proyecto de reforma deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde los sectores que la impulsan buscarán concluir con la media sanción que falta para que se haga efectiva. El objetivo principal es habilitar la actividad minera en zonas que, hasta ahora, están protegidas.

La iniciativa, que proviene del oficialismo nacional pero que contó con el impulso de las provincias mineras como Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, generó un rechazo compartido por diversas organizaciones ambientales y gran parte de la sociedad civil, que se manifestaron en las inmediaciones del Congreso para exigir un alto al proyecto.

Pero el proyecto encontró los votos necesarios, a pesar de las sendas advertencias científicas sobre el impacto negativo que puede traer, y a pesar de que 85 abogados constitucionalistas sentenciaron que la reforma es inconstitucional. Sostienen que reduce las protecciones vigentes y que atenta contra el artículo 41 de la Constitución, que garantiza mínimos de protección que las provincias no pueden debilitar.

Qué es la Ley de Glaciares y por qué es pionera en el mundo

La Ley de Glaciares en Argentina -Ley 26.639- fue sancionada en 2010 como resultado de una amplia movilización social y el trabajo conjunto del arco científico, comunidades locales y el sector ambientalista.

Su aplicación es pionera en el mundo: se trata de una normativa específicamente destinada a la protección de estos ecosistemas, en un país en el que hay 17 mil glaciares a lo largo del territorio y en un contexto de cambio climático que ha generado la pérdida del 17% de su superficie glaciar en los últimos años.

La Ley establece la protección de glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, además de crear un inventario nacional para identificarlos y monitorearlos a través del IANIGLIA -Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales-.

Activistas de Greenpeace fueron detenidos tras realizar una acción directa sobre el ingreso principal del Congreso de la Nación. Los ambientalistas, sentados en inodoros, exhibieron el explícito mensaje: “Senadores, no se caguen en el agua”. Desde la organización argumentaron que se trató de una acción de resistencia pacífica cuyo objetivo es visibilizar la gravedad de la reforma a la Ley de Glaciares para la seguridad hídrica del país.

Importancia estratégica de las reservas de agua dulce

Sus beneficios, que entre otras cosas implica proveer agua dulce para 7 millones de argentinos, son:

•         Actúan como reservas de agua dulce.
•         Regulan el caudal de ríos y cuencas.
•         Alimentan napas subterráneas.
•         Contribuyen a la estabilidad climática regional.
•         Sostienen actividades productivas como la agricultura y la generación hidroeléctrica.

Las controversias del proyecto: autonomía provincial vs. protección científica

El proyecto tiene varios argumentos flacos, empezando por el hecho de que el texto mismo del proyecto no estuvo listo hasta dos horas antes de la sesión parlamentaria; un tiempo, cuanto menos, demasiado escueto para analizar una reforma de esta índole. “Es una vergüenza”, se quejó uno de los senadores.

Por otro lado, el proyecto se presenta como “aclaratorio”; es decir, no busca cambiar el espíritu de la Ley sino que sostiene que la Ley actual no es clara y necesita interpretaciones más precisas. Lejos de ello, la Ley es muy específica en su rigurosidad y establece cuáles son las actividades prohibidas y cuál es el procedimiento para su inventario y protección.

De aquí se desprende la siguiente controversia: la reforma le otorga la potestad a cada una de las provincias que tienen glaciares para decidir si permiten actividades mineras o no. Para que las provincias realicen ellas mismas los impactos de estudio ambiental pertinentes -la reforma no aclara en qué términos ni bajo qué metodología-, algo que actualmente ya realiza el IANIGLIA, un instituto de nivel nacional -y no provincial-.

“Es transformar una ley que tiene carácter científico y uniforme para todo el territorio por igual, en una ley de carácter político y no uniforme porque cada provincia va a definir lo que quiere”, expresó Andrés Napoli, director de FARN, una de las organizaciones ambientalistas que rechazó enérgicamente la iniciativa, junto con otras como Greenpeace, Eco House, Sustentabilidad Sin Fronteras y Jóvenes por el clima.

Críticas a la reforma: Inconstitucionalidad y pérdida de rigor científico

A pesar de las incongruencias, el hecho de supeditar la capacidad hídrica de un glaciar o una zona periglacial a la decisión de las provincias ha sido parte de la estrategia. Quitar del medio al IANIGLIA y a toda jurisdicción nacional para tener una mayor margen de maniobra local a la hora de determinar qué zona se puede explotar.

El senador Bruno Olivera Lucero, miembro de la comisión de minería de su provincia, votó a favor de la reforma. Lo respaldó ante la prensa. “Que se haga un estudio de campo en base a un análisis técnico y se determine si es una fuente de agua. Si es una fuente de agua estamos todos de acuerdo de que ahí no se puede hacer ninguna actividad”, dijo Lucero, de profesión contador.

Inti Bonomo, licenciado en Ciencias Ambientales, le replicó: “Cuando el senador dice que habría que estudiar los glaciares… los glaciares ya se estudian bajo la ley actual. El IANIGLIA lo hace y actualiza constantemente”.

El senador volvió a decir: “Todo suelo congelado a más de 4000 mil metros de altura no es un recurso hídrico”.

Agostina Rossi Serra, bióloga y activista de Greenpeace, le respondió: “Senador, acaba de decir que es todo suelo congelado, algo congelado tiene hielo. El IANIGLIA dice que esos cuerpos de hielo que usted está mencionando que no tienen agua, que son los glaciares de escombros, están conformados entre un 50% y 70% de agua”.  

Activistas de Greenpeace fueron detenidos tras realizar una acción directa sobre el ingreso principal del Congreso de la Nación. Los ambientalistas, sentados en inodoros, exhibieron el explícito mensaje: “Senadores, no se caguen en el agua”. Desde la organización argumentaron que se trató de una acción de resistencia pacífica cuyo objetivo es visibilizar la gravedad de la reforma a la Ley de Glaciares para la seguridad hídrica del país.

Impacto ambiental: las advertencias de Greenpeace y 27 ONGs

El proyecto debe aprobarse ahora en la Cámara de Diputados. Los impulsores de la reforma especulan con una posible judicialización en caso de lograr su cometido. Aun así, mantienen su postura bajo la tesis de que la industria minera puede ser motor de desarrollo y crecimiento. 

Uno de los senadores que votó en contra contraargumentó: “A veces pensamos que la minería va y te salva pero hace 28 años que tenemos minería y todavía tenemos parte de la población sin servicios básicos”.

En un comunicado, que cuenta con la firma de otras 27 organizaciones, Greenpace advierte:

“El agua afectada no se encuentra solamente en las provincias que alojan los glaciares, ya que las cuencas son interprovinciales; como lo son también las napas, que son alimentadas por los hielos de montaña. Estas zonas cumplen un rol irremplazable en la regulación hídrica y climática, y su degradación tiene consecuencias irreversibles”.