Dos fallos históricos en la protección de la fauna sentan precendente en Argentina

En menos de un año, Argentina fue testigo de dos fallos históricos en la protección de la fauna ambiental. Primero, con la condena por “ecocidio” a raíz de la masacre de pingüinos en Punta Tombo, y luego con la condena por “caza de animales silvestres” tras el asesinato de un yaguareté en Formosa.

Sancionados en 2024 y 2025, respectivamente, ambos fallos judiciales sientan precedentes importantes en el involucramiento de la Justicia para el cuidado medioambiental y de la fauna argentina. Aunque distantes geográficamente (uno fue en el sur del país y otro en el norte), comparten el denominador común de representar casos emblemáticos y, seguramente, también un punto de inflexión.

Punta Tombo: 105 pingüinos y más de 200 nidos masacrados por negligencia

En septiembre de 2021, durante la estación de primavera, la provincia de Chubut, en la Patagonia, despertó con una noticia impactante. Más de 100 pingüinos, con sus respectivos nidos, habían aparecido muertos en Punta Tombo, un Área Natural Protegida del sur del país.

La razón estaba en la Estancia La Perla, terreno lindante con el Área Natural. Su dueño, Ricardo La Regina, quiso instalar un alambrado electrificado de 900 metros sin los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Con una retroexcavadora, levantó parte del suelo, desmontó la vegetación nativa y se llevó por delante a 105 ejemplares de pingüinos y unos 292 nidos. El alambrado se interpuso, además, en el camino entre los nidos y la costa, un recorrido fundamental que realiza esta especie varias veces al día para alimentar a las crías.

“Fue un desastre ecológico”, aseguró Matías Arrigazzi, referente de Greenpeace Argentina.

El caso fue llevado a la Justicia, y, en un precedente histórico, en noviembre de 2024 condenó a Ricardo La Regina por “ecocidio” con una pena de 3 años de prisión en suspenso; es decir, está habilitado para cumplir la condena fuera de la cárcel siempre y cuando cumpla condiciones en un determinado periodo.

Créditos: Unsplash

Condena por ecocidio

El fallo, que tuvo como querellantes a la Asociación de Abogados Ambientalistas, Fundación Patagonia Natural y Greenpeace Argentina, señala al empresario como “autor penalmente responsable de los delitos de daño agravado” y “en concurso ideal con el delito de crueldad animal”.

Entre las condiciones a cumplir está la de prohibición de transitar con vehículos de gran porte en zonas sensibles al ecosistema; colaborar con tareas de restauración ambiental; prohibición de realizar obras sin autorización ni estudios de impacto. Además, la máquina retroexcavadora fue decomisada.

“Es una condena histórica porque se lograron demostrar los delitos de crueldad animal y daño ambiental agravado. Ya el veredicto había sido contundente. El mensaje de los jueces había dejado claro que el propietario del campo no es el propietario de la naturaleza. O sea que el daño causado era un delito”, explicó Arrigazzi.

En el Área Natural Punta Tombo vive una de las mayores colonias continentales del pingüino de Magallanes, también conocido como pingüino patagónico. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo cataloga como una especie “casi amenazada”.

Mataron, carnearon y se fotografiaron con un yaguareté: dos años de prisión efectiva

Nunca antes en la historia de Argentina alguien se había sentado en un banquillo de acusados, frente a un tribunal de Justicia, por haber matado un yaguareté (como se la llama al jaguar en Argentina). Nunca, hasta octubre de este año.

Cuatro personas fueron condenadas en la provincia de Formosa, en el norte del país, por cazar, carnear y exhibir el asesinato de un animal que es considerado Monumento Natural Nacional, que es un eslabón fundamental para el equilibrio del ecosistema y que actualmente se encuentra en peligro de extinción.

Según el gobierno argentino, al yaguareté “se lo considera en peligro crítico, ya que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato, siendo las principales causas de ello la destrucción y degradación de ambientes, la caza furtiva y la escasez de presas naturales”.

La Red Yaguareté identifica que quedan menos de 250 yaguaretés adultos, repartidos entre las Yungas de Salta y Jujuy, la Región Chaqueña y la Selva Misionera.

En medio de este contexto preocupante, en el que se llevan a cabo permanentemente acciones de protección y recuperación de la población de este animal, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros, Viterman Ponce De León y Máximo Cisneros cometieron un delito que, para sorpresa de la comunidad, recibió un castigo ejemplar.

Las cuatro personas fueron sentenciadas por el Juzgado Federal Nro. 1 a dos años de prisión efectiva por “caza de animales silvestres cuya captura está prohibida agravada por el concurso de tres o más personas”, según consta en el fallo.

Créditos: Unsplash

Una condena histórica

Ocurrido en julio de 2024, el asesinato tomó rápido conocimiento cuando a una mujer del Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY) le llegaron fotografías vía Whatsapp del animal sacrificado de manera furtiva.

Poco más de un año después, la Justicia encontró culpables a los coautores del delito. La causa resultó histórica no solo por la decisión judicial en sí misma, sino por la participación de una organización no gubernamental como querellante: la Fundación Red Yaguareté.

El resto de los querellantes fueron la Administración de Parques Nacionales, la Fiscalía del Estado de Formosa y también intervino el Ministerio Público Fiscal.

Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador de Red Yaguareté, le dijo a la prensa: “Es la primera vez que en Argentina una causa judicial por matanza de yaguareté llega a una instancia de juicio, porque hasta ahora siempre hubo procesos judiciales pero nunca se llegó a un juicio. O prescribieron, o se anuló, o se dio por terminado”.

“La mayoría prescribe por falta de interés de la Justicia y de los organismos del Estado de impulsarlos”, explicó.

El fallo judicial también exige a los condenados tomar cursos de concientización ambiental y un resarcimiento económico destinado al Programa de Conservación del Yaguareté.