Desmontes en el norte argentino: se deforestaron más de 100.000 hectáreas en 2024
Cuáles son las causas y consecuencias de los desmontes en el norte argentino. Santiago del Estero es la provincia que más sufrió la deforestación.
Cuáles son las causas y consecuencias de los desmontes en el norte argentino. Santiago del Estero es la provincia que más sufrió la deforestación.

El 2024 finalizó con un panorama verdaderamente negativo con respecto a los desmontes en una de las zonas más sensibles de la región: el norte argentino. Según indicó la organización ecologista Greenpeace, sus evaluaciones estimaron que se deforestaron más de 100.000 hectáreas en todo el año, y dadas las últimas disposiciones gubernamentales no parece que los próximos avances encuentren mayores resistencias.
El informe de Greenpeace señala que los números que se manejaron en varias provincias del norte del país dejaron un saldo preocupante en 2024. Santiago del Estero es la provincia que más sufrió la deforestación, con más de 45.000 hectáreas desmontadas; la sigue la provincia de Chaco, con más de 36.000; luego Formosa, con más de 12.000; y por último Salta, con más de 9.000.
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de la Greenpeace, expresa la gravedad del asunto. “Los desmontes provocan cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas”, dice.
“Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actúen en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos. Por otra parte, el sistema de multas no es suficiente contra la ilegalidad, es necesaria la penalización”, agrega.
Por qué los desmontes en Argentina vulneran la Ley de Bosques
El estado de situación ocurre a instancias de la legislación vigente de Argentina. En el país rige, todavía, la Ley de Bosques (26.331). Sancionada en 2007, tiene como objetivo colocar un manto de protección a los bosques del territorio nacional, estableciendo límites a la deforestación y teniendo en cuenta los intereses de las comunidades indígenas, para quienes su modo de vida es compatible con la conservación de la biodiversidad.
De esta manera, determina ciertas regulaciones para mitigar o regular los impactos de la actividad humana. Por ejemplo, establece una serie de categorías que definen el valor de conservación de cada zona, o dispone que para la deforestación es menester contar con autorización previa.
También exige estudios de impacto ambiental en caso de un potencial desmonte que contemplen los posibles efectos negativos sobre los recursos naturales o los cambios importantes de vida en las comunidades humanas afectadas, entre otras variantes.

Créditos: Greenpace
Las provincias de Salta y Chaco, sacudidas por un nuevo Ordenamiento Territorial
Greenpeace ha denunciado que muchos desmontes se realizaron de manera ilegal. Así y todo, actores del sector privado y protagonistas de peso encontraron la manera de ampararlos dentro de un marco legal gracias a polémicas modificaciones en la legislación vigente, no sin aprobación previa de los gobiernos locales.
De hecho, tanto en la provincia de Salta como la de Chaco acaban de introducirse algunos cambios en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), moldeados en función de los intereses de deforestación.
El OTBN, que representa un conjunto de normativas y políticas diseñadas para regular y gestionar el uso y la conservación de los bosques, pasó a sufrir variaciones que terminan por modificar los criterios sobre dónde se puede avanzar con los desmontes y dónde no.
Choque de intereses: la deforestación y los derechos de las comunidades indígenas
Tal como le detalló el científico argentino Matías Mastrángelo a El Cambio, varios expertos se tomaron el trabajo de explicarle a las autoridades de Chaco por qué no era aconsejable habilitar esas tierras para desmonte dado que, en muy poco tiempo, las tierras disminuyen rápidamente su rendimiento. No fue suficiente.
Tampoco fue suficiente la carta abierta que pronunciaron los representantes del Parlamento Indígena de las Naciones, en la que expresaron una profunda preocupación respecto de la flagrante vulneración de derechos indígenas que se producían, y manifestaron un total y enérgico rechazo.
Además enfatizaron sobre cómo la deforestación afecta su modo de vida directamente, y repudiaron que el nuevo OTBN no haya incluido una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, un punto esencial que exige la Ley de Bosques cuando obliga a “garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para desmontes”.
En Salta el panorama es el mismo. La reciente Asamblea provincial indígena denunció que el actualizado OTBN pone en peligro más de 700.000 hectáreas y reivindica la plena aplicación de los derechos constitucionales.
El Gobierno argentino eliminó recursos económicos para la Ley de Bosques
Así como los bosques están en peligro, la propia Ley también lo está. El Gobierno de Argentina dispuso en octubre de 2024 la disolución de su Fondo Fiduciario, que gestionaba el financiamiento de las medidas destinadas a proteger los ecosistemas, bajo el argumento de que había “deficiencias en los registros” e “inexistencia de indicadores claros”.
La medida despertó el repudio de más de 25 organizaciones de la sociedad civil, que a través de un comunicado manifestaron una profunda preocupación. Según explicaron, el Fondo “es la salvaguarda para que los fondos para la aplicación de la Ley 26.331 se preserven de otros usos y de la devaluación por los vaivenes de la economía argentina”.
También argumentaron que contribuye a garantizar que el país “siga avanzando en una protección efectiva de sus bosques nativos, cumpliendo con normativa nacional vigente y honrando compromisos asumidos globalmente”.

Créditos: Greenpace
Correr la frontera agropecuaria para deforestación: ¿hasta dónde?
El estudio de Greenpeace sobre la deforestación en el norte de Argentina enuncia que la principal causa de la pérdida de bosques en el país es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja, que en gran medida se exporta a Asia y Europa, y que eso ocurre sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.
Esos destinos de comercialización, sin embargo, también se repiten en otros países de Sudamérica. En Bolivia, por ejemplo, la deforestación avanza a niveles descontrolados y solo una porción ínfima queda dentro del territorio nacional, mientras que el 80% de la soja que se produce en el continente es exportada.
Como le señaló a El Cambio el científico boliviano Alfredo Romero Muñoz, los países extranjeros que son los principales importadores de esos productos están motorizando el desmonte. Por eso es que la Unión Europea está trabajando en un acuerdo con el Mercosur para que todo lo que importe el Viejo Continente no provenga de nuevas áreas deforestadas.
En esa línea, Muñoz también había destacado que los resultados de un reciente estudio de la Universidad de Humboldt, en Alemania, arrojaron que “hay formas de producir sin necesidad de deforestar más. Lo que está perdido se puede dar por perdido, pero producir en esas tierras debería ser suficiente para lo que se necesita”.
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