Desmonte en Chaco: el científico Matías Mastrángelo explica las consecuencias de la nueva ley que permite mayor deforestación

Los diputados de la provincia de Chaco en Argentina aprobaron una nueva ley que permite avanzar con el desmonte en zonas sanas.

La provincia argentina de Chaco es una de las más castigadas de Argentina en términos ambientales. Desde hace décadas que ve sus suelos degradarse y erosionarse, producto de deforestaciones ilegales que, a contramano de las normativas que intentan protegerlos, atentan contra la conservación de los bosques. Porque la provincia de Chaco es también parte de la región conocida como Gran Chaco, la segunda superficie boscosa más extensa de América Latina, hogar de al menos 50 ecosistemas diferentes.

Por eso fue una sorpresa cuando, a fines de abril, los diputados de Chaco aprobaron una nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que permite avanzar, ahora sí de forma legal, con el desmonte de las zonas sanas que todavía quedan en la provincia. Según Greenpeace, que denunció el caso ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, con esta sanción estarán en juego nada menos que 1.200.000 hectáreas.

La maniobra de los diputados chaqueños significó actualizar la OTBN, un conjunto de normativas y políticas diseñadas para regular y gestionar el uso y la conservación de los bosques autóctonos del país. Así, clasificaron como zonas verdes aquellas que antes estaban en amarillo, un rango que hasta entonces permitía hacer un uso sustentable del suelo pero sin desmontar.

Una ley que no se cumple

La gravedad del asunto no remite únicamente al visto bueno que tienen ahora las empresas privadas para la deforestación, sino también a la violación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331).

La 26.331 establece distintos principios de protección, como el de no regresividad ambiental o la exigencia de que el ordenamiento territorial sea el resultado de un proceso participativo donde se consulte a los actores interesados. Con la nueva sanción, eso no ocurre ni ocurrió.

Para Matías Mastrángelo, científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) especializado en ambiente, conservación y sustentabilidad, hay muchos puntos graves en esta actualización, que atenta contra la fragilidad ambiental del territorio.

desmonte en Chaco

Créditos: gentileza Greenpeace

Ustedes habían tenido reuniones con legisladores de Chaco tiempo atrás, para acercarles las inquietudes acerca de un nuevo ordenamiento territorial. ¿Cuál era la postura de los gobernantes al respecto?

Un grupo de científicos del CONICET que trabajamos en temas ambientales y sociales de la región chaqueña, nos reunimos con los legisladores para hacer frente al avance de iniciativas. Lo hicimos durante la gestión del gobernador anterior, Jorge Capitanich, y también con la gestión actual, de Leandro Zdero. Queríamos brindarles información, evidencia científica que mostraba por qué no era aconsejable habilitar esas tierras para desmonte.

Comparamos zonas que mantenían el bosque vs. zonas vecinas que fueron desmontadas y utilizadas para agricultura. Les mostramos cómo, en muy poco tiempo, esas tierras que fueron desmontadas cayeron en rendimiento rápidamente. Cayó el nivel de provisión de servicios ecosistémicos que brindaban a la sociedad. Les mostramos la importancia de esas zonas como corredor biológico para especies en peligro de extinción, como los últimos yaguaretés de la región chaqueña, el tatú carreta y tantas otras. Les mostramos toda la evidencia que hemos reunido en el último tiempo que ratifica por qué es importante conservar la cobertura boscosa y hacer un uso sustentable.

No queremos hacer una protección estricta y que no se pueda tocar nada, sino que se puedan hacer actividades que sean compatibles con el mantenimiento de la biodiversidad. Ya hay actividades que se desarrollan, como la ganadería de baja intensidad a monte, la actividad forestal sostenible, la apicultura, el ecoturismo. Hay actividades económicas que son compatibles con el mantenimiento de la cobertura boscosa.

Nosotros les mostramos con evidencia que hay actividades que son recomendables, y que, por el contrario, la agricultura y la pastura para ganadería no son compatibles porque se pierde productividad y rendimiento. Mostramos, con un Índice de Oferta de Servicios Ecosistémicos, que apenas se desmonta, ya se pierde un 40% de la provisión de los servicios, y a los tres años ya se pierde el 80%. Es muy fuerte la caída en la regulación hídrica, la fertilidad de los suelos.

Eso le contamos a los legisladores, ellos nos escucharon, recibieron nuestra información, pero claramente son otros factores los que pesan más a la hora de toma de decisiones. Si bien el gobierno anterior no pudo, también intentó hacer lo mismo que esta gestión.

Una de las recriminaciones es que no se llevó adelante correctamente el proceso participativo. ¿Qué instancias se saltearon o qué voces no participaron?

El gobierno no llevó adelante ningún tipo de participación pública, como lo establece la Ley 26.331. Se justificó en que el gobierno anterior ya había hecho tres consultas públicas a fines de su gestión, pero fueron consultas donde solo participaron productores que estaban a favor del desmonte y representantes de empresas tanineras. No se hicieron talleres o consultas donde hubiera población predominantemente indígena, por ejemplo. Actores afectados por esta decisión política. Fue deficiente y violatorio de la Ley en todos los aspectos.

Hace varios años, desde el sector científico les acercamos una propuesta de metodología verdaderamente participativa, para usar en procesos de actualización de ordenamiento territorial, pero no fue tenida en cuenta.

el desmonte en Chaco perjudica a las personas y a la biodiversidad

Créditos: Greenpeace Argentina

¿Por qué es importante detener el desmonte en Chaco?

Es importante frenar el avance del desmonte en Chaco hacia zonas ambientalmente frágiles, como son las zonas del norte y oeste de la provincia. Son frágiles porque los suelos son más susceptibles a la erosión hídrica y eólica, y tienen una fertilidad que depende de que esté el bosque aportando biomasa.

Cuando no está el bosque, esos suelos se empobrecen rápidamente. En el territorio hacia donde se expandió la zona verde con esta nueva ley, las lluvias son mucho más fluctuantes. Podés tener años con buena pluviometría que te permite cultivar, y años que no. Con esa fragilidad ambiental, existe una muy baja probabilidad de que tengas buenas cosechas, buenos rendimientos, que los cultivos y las pasturas sean sustentables. O sea: que puedas mantener durante mucho tiempo esos cultivos y pasturas.

Entonces, ese supuesto beneficio que se genera con el desmonte al usar esa tierra para producir granos y carne, lo perdés, no se sostiene en el tiempo, y tampoco es lo suficientemente alto como para compensar el costo del desmonte. El costo es altísimo, porque esa zona es rica en biodiversidad. Hay especies en peligro de extinción, provee importantes servicios ecosistémicos beneficiosos para la sociedad a través de la captura de carbono de la atmósfera y contribuyendo a la mitigación del cambio climático.

Además, es una zona habitada por pobladores, familias, comunidades, campesinos, criollos y aborígenes que viven ahí hace muchas décadas y han desarrollado un modo de vida compatible con la conservación del bosque. Se genera una degradación del ambiente que puede ser irreversible.

Pasás de tener un bosque a tener un cultivo por unos pocos años. Y si fallan las cosechas o dan bajos rendimientos, los productores abandonan esas tierras y lo que queda atrás es un suelo degradado, sometido a procesos de desertificación que terminan siendo para la sociedad mucho menos valor que el bosque que estaba en un comienzo que sustentaba a modos de vida locales, biodiversidad y otros procesos ecosistémicos que benefician a la sociedad en su conjunto.

¿Qué repercusiones tendrá la nueva ley de OTBN?

Desde las organizaciones socio ambientales y gente de a pie no podemos creer cómo, estando en 2024, se siga reproduciendo una política basada en el saqueo de bosques, de recursos naturales y de comunidades campesinas. Son decisiones que van muy a contramano de los acuerdos internacionales a los que está suscrito Argentina. Hoy mismo están las topadoras trabajando, hay incendios, se están quemando madera, suelos, emitiendo gases de efecto invernadero. La población lo sabe, lo siente, lo vive. Conoce que esto va a traer efectos negativos sobre su calidad de vida.