Deforestación en Chaco: las comunidades indígenas alzan la voz

El problema de Chaco está dentro de Chaco. Los legisladores de la provincia argentina sancionaron una nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que atenta contra una de las grandes problemáticas locales: la deforestación.

La normativa aprobada por el cuerpo de representantes permite avanzar de forma legal con la deforestación en Chaco en zonas que, hasta el momento, estaba prohibido desmontar. La ley suscitó polémicas en torno a su sanción, a tal punto de que Greenpeace llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

“Permitir desmontes en más de un millón de hectáreas es un despropósito, sobre todo teniendo en cuenta la alta deforestación en Chaco durante las últimas tres décadas”, señala Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización ambientalista.

Las comunidades indígenas alzan la voz frente a la nueva ley de deforestación en el Chaco

Las alertas a partir del nuevo OBTN manifiestan que atenta contra la Ley ya vigente de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331). En ella, uno de los principios que se establecen busca cuidar a las poblaciones indígenas, comunidades que habitan los territorios desde hace décadas y que, ante el corrimiento de la frontera de desmonte, se enfrentan a una amenaza que pone en peligro su tierra, su cosmovisión y un modo de vida compatible con la conservación del bosque, tal como señala el científico Matías Mastrángelo.

Por eso, representantes del Parlamento Indígena de las Naciones le enviaron una carta al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en la que expresaron una profunda preocupación respecto de la “flagrante vulneración de derechos indígenas que se está produciendo”, y manifestaron un “total y enérgico rechazo”.

El principal reclamo es la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades aborígenes, una condición necesaria para haber aprobado el nuevo ordenamiento, tal como lo indica la ley 26.331: “Garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes”.

“Atentan contra nuestra inclusión”

La nota del Parlamento, que lleva las firmas de Feliciana Hernández (Coordinadora de la nación Wichí), Pedro Mendoza (Coordinador de la nación Moqoit), Paulino Sánchez (Delegado de la nación Qom) y Gustavo Mendoza (Coordinador General), es contundente al señalar que la OBTN sancionada atenta contra la obligación del Estado nacional de consultarles, mediante procedimientos apropiados, las decisiones relacionadas a sus territorios y a la gestión de recursos naturales. “Nos afectan directamente por estar íntimamente relacionadas con nuestro modo de vida, y al impacto social, ambiental y cultural que puedan tener las mismas”, dice la carta.

“De ningún modo consentiremos ni avalaremos actos administrativos, legislativos o judiciales que sean llevados adelante contraviniendo nuestros derechos, y que no hacen más que perpetuar décadas de sometimiento y atentan contra nuestra inclusión en procesos de toma de decisión del Estado”, agregan los representantes del Parlamento indígena.

La nota también hace referencia al incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo provincial de llamar a elecciones en el IDACH (Instituto del Aborigen Chaqueño). Según manifiestan las comunidades indígenas, los comicios del organismo se llevarán a cabo solo si el gobernador Leandro Zdero lo autoriza. En el contexto de la nueva OTBN, la no convocatoria a elecciones podría leerse como una medida que hizo más accesible la posibilidad de sancionar la nueva ley.

La denuncia de organizaciones ambientales

En línea con estas comunidades, varias organizaciones ambientalistas advirtieron la falta de participación indígena, ya que no se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina.

El científico Matías Mastrángelo coincide: “La población lo sabe, lo siente, lo vive. Conoce que esto va a traer efectos negativos sobre su calidad de vida”.

El caso, que ya fue enviado a la Corte Suprema a través de un pedido de medida cautelar, señala que se “viola el espíritu propio del ordenamiento territorial de bosques, concebido como un instrumento de política y gestión ambiental para la concertación de los intereses de los distintos sectores de la sociedad, asegurando el uso ambientalmente adecuado de los elementos naturales, garantizando la mínima degradación y promoviendo la participación social”.