Defensores ambientales: la lucha por la vida en América Latina

En todo el mundo, los defensores ambientales son quienes se levantan para proteger la naturaleza, sus territorios y comunidades. Pero enfrentan un riesgo creciente: la violencia. El más reciente informe de Global Witness, titulado Raíces de Resistencia (septiembre de 2025), revela que al menos 146 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecieron en 2024. Con esta cifra, el total documentado entre 2012 y 2024 asciende a 2.253 personas. Detrás de cada número hay una historia de lucha por bosques, ríos y tierras que, paradójicamente, sostienen la vida de todos.

América Latina, epicentro de los ataques

El informe confirma un patrón persistente: América Latina concentra la mayor parte de los ataques contra defensores ambientales. De los 146 casos documentados en 2024, 117 ocurrieron en la región (82 % del total mundial). Colombia encabeza la lista con 48 asesinatos, manteniendo por tercer año consecutivo el deshonroso primer lugar global. Le sigue Guatemala, con 20 víctimas en 2024, un salto drástico respecto a las 4 del año anterior. México (18 casos) y Brasil (12) también figuran entre los países más peligrosos.

Otros países latinoamericanos también registraron crímenes: Chile, Argentina, Nicaragua, Perú, Ecuador y Venezuela aparecen con casos aislados, pero que igualmente reflejan la vulnerabilidad compartida en la región. Para Global Witness, este panorama muestra cómo los conflictos por la tierra y los recursos naturales continúan siendo fuente de violencia.

¿Quiénes son los defensores ambientales?

El término defensores ambientales se refiere a todas aquellas personas que, de manera individual o colectiva, buscan proteger el ambiente, los territorios y los derechos humanos asociados. Son líderes indígenas, campesinos, activistas comunitarios, periodistas ambientales o ciudadanos que se organizan frente a la tala ilegal, la minería, los megaproyectos o la agroindustria.

Lejos de ser “opositores al desarrollo”, como muchas veces se los acusa, cumplen una función vital: son guardianes de bienes comunes —agua, aire, biodiversidad— sin los cuales la vida humana sería imposible. Según el informe, un tercio de las víctimas en 2024 eran indígenas, a pesar de que representan apenas el 6 % de la población mundial.

Las causas detrás de la violencia

El informe Raíces de Resistencia identifica los sectores económicos vinculados a estos ataques. La minería y las industrias extractivas concentran 29 casos, seguidas por la explotación forestal (8) y la agroindustria (4). En más de 62 % de los asesinatos (91 casos), el motivo estuvo relacionado con la defensa de territorios y el acceso a la tierra.

Los responsables son, en muchos casos, estructuras de poder difíciles de desmantelar: grupos de delincuencia organizada (42 casos), servicios militares privados (17) y sicarios contratados (13). Esta dinámica de violencia revela la colusión entre intereses económicos, actores ilegales y la falta de protección estatal.

Berta Cáceres, defensora ambiental hondureña, fue asesinada en 2016. Créditos: COPINH – CEJIL

La otra cara: desapariciones y criminalización

Además de los asesinatos, en 2024 se registraron cuatro desapariciones forzadas de defensores ambientales en Chile, México, Honduras y Filipinas. Estas personas siguen sin ser localizadas, lo que suma incertidumbre y dolor a sus comunidades.

Por otro lado, el informe advierte sobre un fenómeno en expansión: la criminalización del activismo ambiental. Cada vez más gobiernos usan las leyes para hostigar y encarcelar a quienes protestan. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y miembros de la Unión Europea han aprobado normas que imponen condenas desproporcionadas a manifestantes climáticos. En América Latina, la tendencia también crece, con acusaciones de terrorismo, vandalismo o evasión fiscal contra líderes comunitarios.

Voces desde los territorios

“Luchar contra la injusticia jamás debería suponer una sentencia de muerte”, afirma Laura Furones, autora principal del informe. La defensora colombiana Jani Silva, citada en Raíces de Resistencia, lo explica con crudeza: “La inmensa mayoría de personas defensoras a las que se ataca no desempeñan su labor por decisión propia. Yo tampoco. Nos dedicamos al activismo porque nuestro hogar, territorio, comunidad y hasta nuestra vida se ven amenazados”.

Estas palabras reflejan el carácter profundamente humano y colectivo de la defensa ambiental: no se trata de una elección individual, sino de una obligación moral y existencial frente a la amenaza a la vida.

La impunidad, una constante peligrosa

Un aspecto alarmante que señala Global Witness es la impunidad. En la mayoría de los casos, los responsables no son investigados ni sancionados, lo que perpetúa la violencia. La falta de justicia envía un mensaje claro: atacar a defensores ambientales no tiene consecuencias.

Rachel Cox, asesora de campañas de la organización, fue contundente: “Gobiernos del mundo entero hacen uso de sus sistemas jurídicos como instrumento para silenciar a quienes alzan la voz en defensa de nuestro planeta”.

Crédito: Global Witness

Por qué América Latina debe reaccionar

El informe es un llamado urgente para los gobiernos de América Latina: proteger a los defensores ambientales no es solo una obligación ética y de derechos humanos, sino una condición necesaria para enfrentar la crisis climática. Sin sus voces, será imposible conservar los bosques que absorben carbono, las cuencas que abastecen de agua y la biodiversidad que sostiene los ecosistemas.

Global Witness recomienda garantizar los derechos sobre la tierra, reforzar los sistemas judiciales y asegurar medidas de protección adecuadas. La transición energética y los compromisos climáticos de la región carecerán de legitimidad si continúan construyéndose sobre el hostigamiento y la violencia contra las comunidades.

Un futuro en juego

Los datos de Raíces de Resistencia son duros: 2.253 defensores ambientales asesinados o desaparecidos en doce años. Pero más allá de la tragedia, también muestran una verdad poderosa: miles de personas, muchas veces anónimas, siguen arriesgando su vida para defender la nuestra. Su lucha es la primera línea de resistencia frente a la destrucción ambiental y al avance de industrias extractivas que ponen en jaque el futuro del planeta.

En palabras de Jani Silva: “Queda muchísimo por hacer para garantizar que las comunidades puedan ejercer sus derechos y que quienes las apoyan reciban protección”. La protección de los defensores ambientales no es solo un asunto de justicia: es una garantía de vida para todos los pueblos de América Latina.